La Asociación de Productores Agrícolas San Francisco y la Coordinadora Agrícola del Paraguay expresaron su apoyo a la actuación del Ministerio Público en la causa que involucra una organización criminal dedicada a estafas y despojos de tierras rurales, destacando la necesidad de seguridad jurídica para el sector.

La Justicia paraguaya investiga un complejo esquema de estafa en el ámbito rural del departamento de Alto Paraná, especialmente en el distrito de Itakyry, donde se habrían registrado apropiaciones ilícitas de inmuebles agrícolas mediante documentos falsificados o maniobras fraudulentas. En este marco, Nivaldo Ouriques, conocido por los medios como el “rey de las estafas del campo”, y su hijo fueron encarcelados preventivamente tras medidas ordenadas por la jueza penal de garantías de Itakyry. La Fiscalía imputó a ambos por presunta conformación de una asociación criminal que registró de forma irregular varias propiedades agrícolas con la ayuda de un supuesto testaferro.

Según datos oficiales del Ministerio Público, en años recientes se han registrado miles de casos de estafa en Paraguay, con el departamento de Alto Paraná entre las zonas con más denuncias registradas; solo en 2023, ésta fue una de las regiones con altos niveles de causas ingresadas por este tipo penal.

Pronunciamientos de gremios rurales

La Asociación de Productores Agrícolas San Francisco (APASF) emitió un comunicado fechado el 6 de febrero de 2026, en el que expresa “total y categórico respaldo” a la actuación del Ministerio Público en la investigación de este caso que afecta a propietarios de inmuebles rurales en la región, particularmente en Itakyry. El gremio califica los hechos de “extrema gravedad” y exhorta a que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, identificando y responsabilizando a todos los involucrados sin privilegios, y que el Poder Judicial actúe con firmeza e independencia. En su pronunciamiento, la APASF subraya que la seguridad jurídica es esencial para el desarrollo económico y social, especialmente en la agricultura, considerada motor fundamental de la economía nacional. Reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa del trabajo honesto de los productores.

De forma paralela, la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Alto Paraná, emitió una declaración similar en la misma fecha, respaldando la acción del Ministerio Público contra la organización criminal que habría perjudicado a la firma Inversiones Agrícolas S.A. El comunicado señala que la red criminal estaría integrada no solo por particulares, sino también por funcionarios públicos, abogados y escribanos que habrían colaborado en actividades ilícitas contra productores y empresas del sector agrícola. Instan a que la justicia identifique a todos los involucrados, que el Poder Judicial respalde la investigación, y piden a entidades financieras y actores del rubro a no apoyar ni facilitar las actividades de estos grupos criminales.

Antecedentes y contexto criminal en la región

Alto Paraná ha enfrentado una variedad de hechos delictivos en años recientes, reflejando desafíos en seguridad. Más allá de las estafas rurales, en la zona se han registrado hechos de violencia y delitos graves, como enfrentamientos armados, secuestros y asaltos. Si bien no todos están directamente vinculados al esquema de estafas mencionado, estos incidentes reflejan un entorno complejo en materia de seguridad pública

Reacción y expectativa

Los productores rurales y organizaciones del sector agrícola han manifestado que la lucha contra la criminalidad organizada es clave para restablecer la confianza en las instituciones del Estado y proteger la inversión y la producción en el campo. Tanto la APASF como la CAP subrayan que sin seguridad jurídica no puede haber desarrollo sostenible ni progreso económico, y respaldan todas las acciones que contribuyan a erradicar la criminalidad en el ámbito rural.

La causa continuará bajo investigación del Ministerio Público, con la expectativa de que los tribunales y las fuerzas de seguridad identifiquen a todos los presuntos implicados y que los procesos judiciales se desarrollen con rigor para garantizar justicia y proteger los derechos de los productores.