La criptominería es un sector en pleno crecimiento en nuestro país, que tiene proyecciones de inyectar unos USD 1.500 millones. La Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad) cuestiona que una sorpresiva suba de la tarifa de la energía eléctrica amenace la estabilidad del negocio. Por otra parte, esa fiebre por las critomonedas dio impulso a operaciones clandestinas altamente ligadas a la corrupción en Paraguay.

En los últimos años, la demanda global de criptomonedas ha experimentado una demanda interesante, atrayendo inversiones sustanciales en el sector de la criptominería. Paraguay, con su abundante disponibilidad de energía eléctrica, está en una posición única para aprovechar este auge. 

La energía generada por la represa de Itaipú históricamente se comercializó al Brasil a precios relativamente bajos. Sin embargo, en estos nuevos tiempos la criptominería ofrece una alternativa más lucrativa.

La implementación de fábricas de criptominería en el territorio paraguayo permitiría transformar esta energía en activos digitales de alto valor. Este cambio mejoraría la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos del país, también diversificaría su economía, reduciendo la dependencia de las ventas energéticas a Brasil.

En Paraguay, un total de 45 empresas del rubro de criptominería están legalmente constituidas, que a fin de promover y fortalecer la industria se aglutinaron en la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad). Estas firmas se instalaron en el país a partir de las ventajas económicas de la energía verde.

Sin embargo, el pasado 26 de junio, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitió una resolución mediante la cual se estableció una actualización en las tarifas de energía eléctrica aplicables al Grupo de Consumo Intensivo Especial. Este grupo incluye a los clientes que emplean grandes cantidades de electricidad para actividades como el procesamiento de datos, la provisión de servicios de almacenamiento de información, y la minería de criptoactivos. Entre las tecnologías afectadas por esta resolución se encuentran blockchain, tokens y data centers. El aumento es del 9 al 16% de la tarifa. 

Inversiones en riesgo 

En respuesta a la suba, la Capamad expresó su disconformidad al mencionar en un comunicado que la ANDE alteró de forma unilateral y sin previo aviso las condiciones previamente acordadas para la inversión en el sector de minería de criptomonedas. Asimismo, alertó que esta decisión pone en riesgo inversiones de aproximadamente USD 1.500 millones en el país. «La medida unilateral de la ANDE perjudica directamente a un sector en pleno crecimiento, con proyecciones de inyectar USD 1.478.630.000 a la economía paraguaya». 

La organización también advierte que, de no corregirse esta alteración, se podría desencadenar una crisis que afectaría a 1.170 empleos directos y numerosos empleos indirectos. Enfatiza que esta decisión genera inseguridad jurídica y una pérdida de confianza sin precedentes en el Estado paraguayo y sus gobernantes. 

Insiste en que la estabilidad normativa y el respeto a los acuerdos establecidos son fundamentales para mantener el crecimiento y la inversión en el sector de la minería de criptomonedas.

Entretanto, cuestiona que se vuelva a priorizar la cesión de energía a otros países a precios más bajos, lo que genera menores ingresos al país. Esto, en comparación con lo que actualmente se establece en los pliegos tarifarios de consumo intensivo especial. 

Grupo Consumo Intenso Especial vigente desde el 2022

Las empresas de criptominería se encajan en la tarifa del grupo denominado Consumo Intensivo Especial, creado por un decreto presidencial en 2022, año en que se implementó un incremento del 54%. A esto se suma que el precio se dolarizó, o sea que las firmas del rubro pagan en dólares por el consumo de energía. 

Para que una empresa se adhiera al Consumo Intensivo Especial, se exige un depósito equivalente a dos meses de consumo para usuarios de media tensión y tres meses para los de alta tensión. Esto, con el propósito de no caer en riesgos, ya que si la firma no paga por el servicio, que relativamente es bastante alto en todos los casos, la ANDE ejecutar el depósito. 

Se estima que la garantía acumulada hasta el momento es de unos USD 40 millones, que deberá ser devuelta a las empresas, si estas deciden irse del país por encontrar desventajoso el aumento de la tarifa. 

Consumo de alta potencia 

Las 45 criptominas legales en conjunto utilizan una potencia de 680,7 MW, casi el equivalente a una unidad generadora de la central hidroeléctrica de Itaipú, que es de 700 MW. El precio local varía entre USD 40 y 51 por MWh más IVA, lo que es significativamente superior a los USD 10 por MWh que paga Brasil por la cesión de energía.

Del total de empresas, 37 están conectadas a la red en media tensión (23 kV) y 8 en muy alta tensión (220 kV). La mayoría se encuentran en el departamento Central, siendo 17; mientras que 15 están en Alto Paraná. Las restantes se distribuyen en Cordillera (4), Misiones (3), Guairá (2), Presidente Hayes (2), Amambay (1) y Canindeyú (1).

Criptominería ilegal, corrupción y criminalidad 

La criptominería ilegal es un factor que se desprende de la fiebre por las criptomonedas y las jugosas ganancias, llegando a ser considerada incluso como el «oro digital». A raíz de esto se han diseminado granjas que operan a gran escala, pero bajo el manto de la clandestinidad. 

Con frecuencia se realizan operativos con acompañamiento del Ministerio Público para desmantelar establecimientos mineros, que operan a partir del robo de energía eléctrica, desangrando miles de millones al Estado paraguayo. Se trata de grupos inversores que trabajan con redes mafiosas involucrando a funcionarios públicos e incluso políticos de partidos tradicionales, según consta en denuncias. 

La corrupción también da sostén a qué grupos criminales utilicen este rubro para el lavado de dinero. 

INFO

Inversión en infraestructura y servidores 

USD 537 millones 

Aporte anual a la ande por consumo de energía 

USD 223 millones 

Aporte a la DNIT en impuesto aduanero 

USD 69 millones 

Depósito de garantía a la ANDE

USD 49 millones 

Aporte anual a la DNIT en IVA 

USD 20 millones